Durante la semana nos estamos encontrando con hechos comunes, que ahora están haciendo noticia, debido a la exagerada condena solicitada por fiscales, bajo el lema “a la autoridad se le respeta”.

Es cierto a la autoridad se le respeta, pero eso no conlleva a exagerar las penas privativas de la de libertad de los acusados, almenos en estos dos casos muy sonados, como es el de Silvana Buscaglia, y Gissel Rosales. Las medidas dictadas contra ellas, sobrepasan los seis años de privación de la libertad que se les otorga a un menor de edad por una “grave infracción”.

Esta nos hace recordar dos realidades, la del civil que cuando le advierten algo lo toma como una amenaza y la del policía que en la mayoría de los casos, dentro de su “achoramiento” quiere sacar partida de su cargo mal llevado, y abusar de los poderes conferidos por su uniforme.

Volvamos al caso, los jueces no deben tomar sólo la infracción como tal, sería tremenda injusticia que a una autoridad por corrupción solo lo sentencien a 4 años, y a los que equivocadamente quieren hacerse los poderosos ante la autoridad al momento de una intervención de rutina o no, los sentencien a 6 o hasta 9 años. Lo que se debe tener muy en cuenta además es el grado de agresión a la que ésta llega y sus consecuencias, sólo fijémonos en el caso del motociclista que sufrió el cruel maltrato del personal de serenazgo de San Isidro, ha transcurrido más de un mes, y aún no encuentra justicia.

Señores jueces la Ley no sólo debe ser aplicada de manera excesiva e inmediata en favor de algunas autoridades, todos los ciudadanos merecen el mismo derecho. El Perú necesita verdadera Justicia con verdaderos aplicadores. No creo que con estas sentencias extremas la gente pueda tenerle miedo a la autoridad, si es eso lo que busca. La búsqueda del respeto no va por allí.